Los programas buscan dinamizar la obra pública y privada y a todas las industrias relacionadas con la construcción, que son a su vez generadoras de empleo y producción.
A través del “Argentina Construye” se atenderá al déficit habitacional en todo el país. Se proponen diez líneas de trabajo a ser implementadas en coordinación con Provincias, Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de políticas de hábitat destinadas a hogares deficitarios, a organizaciones comunitarias, al desarrollo territorial y a la infraestructura básica.
El convenio firmado ayer incluye también el plan “Argentina Construye Solidaria”, destinado al otorgamiento de subsidios para la compra de materiales para la refacción de los espacios físicos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales y entidades eclesiásticas que realicen tareas de asistencia barrial y comunitaria en todas las Provincias y Municipios.
Estas acciones deben vincularse a la asistencia en la alimentación, la educación, la salud, el medioambiente, la cultura, la inclusión de las personas con discapacidad, el acceso a la tierra, la vivienda y el hábitat, el desarrollo local, la economía social y solidaria, la promoción y protección de la identidad de género y diversidad y la preservación de las identidades culturales indígenas.
Las líneas de trabajo de ambos programas serán destinadas al mejoramiento de las sedes de las organizaciones comunitarias, a la construcción de vivienda, mejoramientos, ampliación, instalación de red de gas natural, desarrollo de núcleos sanitarios y conexiones domiciliarias a la infraestructura pública para las viviendas, lotes con servicios, equipamientos comunitarios y completamientos barriales, con el objeto de mejorar las condiciones del hábitat.
Cabe recordar de la Gobernadora ya había oficializado la firma del convenio en una videoconferencia mantenida días atrás con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos.